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¿Puede el estado obtener dinero gracias al cannabis?

Casi en su mayoría los países del mundo se encargan de prohibir el consumo, venta y cultivo de cannabis. Pero más allá de esto, solo en Europa, se estima que 19,3 millones de personas con edades comprendidas entre 15 y 64 años lo han consumido, al menos en 2014, de acuerdo a como lo señala el informe anual del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías. En el caso de España, este es un porcentaje que ha ascendido hasta el 30% situando el cannabis que se cultiva con fertilizante CANNA como la sustancia más consumida, de acuerdo al Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías.

Dichos datos han llevado a la mesa de discusión durante los últimos años la legalización del cannabis. Por ejemplo, en Estados Unidos más de la mitad de los Estados permiten su uso con fines terapéuticos, mientras que Uruguay es el primer país del mundo en legalizar su consumo recreativo mientras que es el propio Estado quien se encarga de su producción.

En el resto de los países, el cannabis se encuentra en una situación de ilegalidad siendo su consumo ilegal, y no se encuentra penado siempre que se realice en privado o se disponga de cantidades pequeñas de la droga. El cultivo tampoco se encuentra permitido, aunque si se trata de fines personales, es posible contar con un número determinado de plantas de marihuana en el hogar, siempre y cuando estas no se encuentren a la vista pública.

De este modo también ocurre en España, así lo confirma la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) y la plataforma Regulación Responsable que existe una “falta de claridad” en lo que respecta a las normas. “No se puede cultivar, pero el consumo no está penado, lo que lleva a los usuarios a una situación de ilegalidad para abastecerse”, señala David Rabé, quien es el secretario y responsable de comunicación de FAC.

Similar situación sucede con los clubs de cannabis. Hace poco, el Tribunal Supremo emitió un fallo donde se condenaba a estas asociaciones debido a una actividad ilícita. Sin embargo, y de acuerdo a como lo declara Ramón Morcillo, quien es el portavoz de Regulación Responsable, el propio órgano reconoció que cada club debe someterse a un estudio de forma individual y que además, su labor no se encuentra en “legislar” y ha habido una falta de actuación por parte de los legisladores a fin de adaptar las normas a la realidad existente.

Frente a dichas contradicciones normativas, las asociaciones han solicitado que se establezca la cantidad de plantas que se pueden cultivar y la cantidad de cannabis que puede llevarse, como sucede en otros países. Para quienes consumen y para los clubes cannábicos esto ya supone un gran avance, pero el gran objetivo se ubica en lograr la legalización de dicha droga.

Más allá de todo, Morcillo señala que la principal razón para hacerlo ha de ser la salud de los ciudadanos, pues se deben considerar los efectos que tendría sobre la economía de España tal industria con 1.200 clubs en el país, 1.200 tiendas de cultivo y empresas que facturan más de 100 millones de euros al año. Es un hecho, que la legalización del cannabis dejaría más de 1.000 millones de euros recaudados entre impuestos y facturación de las compañías que guardan relación con el sector.